Ley General de la Comunicación Audiovisual del 31 de marzo de 2010

La regulación de los medios audiovisuales en España es todavía muy intervencionista (respecto al derecho a emitir y respecto a los contenidos de las emisiones), debido a las características singulares de la TV y la radio frente a otros medios de comunicación (afectan al pluralismo informativo e ideológico de la sociedad) y a la escasez del “espectro radioeléctrico”, calificado como dominio público. La intervención administrativa se articula hoy sobre la base del concepto de SERVICIO DE INTERÉS GENERAL (los operadores privados de TV, fuertemente condicionados por la Ley en lo tocante a los contenidos de sus emisiones, requieren de una licencia de la Administración para la realización de sus emisiones, si bien para las modalidades de difusión distintas de la TDT (TV por cable, por internet o por satélite) tan sólo es necesaria la comunicación previa y fehaciente a la autoridad competente de la intención de realizar emisiones).

Así pues, la implantación definitiva de la TDT ha sido acompañada de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, la cual reforma y reunifica una maraña de leyes varias veces parcheadas. Con ella se liberalizan los servicios de radio y TV, y también regula cuestiones tales como la subtitulación, el lenguaje de signos y la autodescripción, la promoción del plurilingüismo en las Comunidades Autónomas con lengua propia, el patrocinio televisivo, la actualización y refundición del catálogo de obligaciones para los operadores privados de radio y TV en materia de contenidos audiovisuales.

La Ley General de la Comunicación Audiovisual crea el “Consejo Estatal de Medios Audiovisuales”, autoridad independiente del Gobierno (sus miembros serán elegidos por mayoría cualificada de 3/5 del Congreso de los Diputados), que actuará como organismo supervisor y regulador en el ámbito de la radio y TV. Este Consejo goza de capacidad sancionadora para ejercer sus funciones de garantía de la transparencia y el pluralismo en el sector y de independencia e imparcialidad de los medios públicos así como del cumplimiento de su función de servicio público. La Ley también crea un Comité Consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas.

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